Escrito por Gianfranco Polar, miembro del Área de Investigación del Equipo de Derechos Humanos.

Históricamente, la economía del Perú ha tenido como fuente productiva más importante la extracción de materias primas. Esto se debe a que el territorio peruano, por su diversidad geográfica, es rico en recursos naturales, cuya explotación ha definido el rumbo de la historia económica de nuestro país, desde incluso antes de su existencia republicana. Durante la era virreinal, el imperio español dirigió una política de explotación minera. Se abrieron minas para la extracción de metales preciosos en Ica, Nazca, Puno, Cuzco, Cajamarca, Cerro de Pasco, Huancavelica, entre otros. Desde el punto de vista jurídico, al ser la minería la industria favorita de la Corona, recibió un estatus jurídico especial. Es en este período histórico en el cual se establece uno de los sistemas sociales más injustos en relación con la explotación minera [1]. Se trata de un régimen de trabajo forzado que subordinaba a las poblaciones indígenas a laborar en la actividad minera a manera de tributo pagado por su condición de grupo poblacional subordinado. Se podría considerar que este es el punto de partida para la distribución inequitativa de la riqueza producida por la explotación minera que ha generado una gran desigualdad y el estallido de continuos conflictos socioambientales.

A lo largo de la historia republicana, se han implementado diversas políticas públicas para tratar de optimizar la explotación y administración de los recursos naturales, buscando incrementar la productividad del Perú y su integración a los mercados internacionales. Desde la abolición de la mita, hasta la llegada de empresas y capitales extranjeros, pasando por la estatización y la privatización de las empresas dedicadas a dicha actividad. Como consecuencia de la implementación del régimen de economía social de mercado y la apertura del Perú a la inversión extranjera, su integración a los mercados y al comercio internacional, la actividad extractiva ha recaído en manos de la empresa privada extranjera.

Es en este contexto que surgen los conflictos socioambientales en su manifestación más reciente. Un conflicto socioambiental ocurre cuando un sector de la sociedad, el Estado, y las empresas perciben que sus intereses, objetivos, valores o necesidades son contradictorios. Desde el año 2004, se ha incrementado exponencialmente la cantidad de conflictos sociales en el Perú [2]. Es posible identificar el proceso de surgimiento de un conflicto socioambiental en relación con las comunidades indígenas. Estos surgen por el temor de las comunidades a perder soberanía sobre su territorio y sus recursos naturales (suelo, agua, flora, fauna), frente al interés de las empresas trasnacionales de explotar un determinado recurso minero o hidrocarburífero (oro, cobre, petróleo, gas natural, zinc, entre otros). A esto se suma el respaldo favorable del Estado al interés de la empresa, con la finalidad de promover el crecimiento económico y la inversión privada, comúnmente traducido en la creación de normas que facilitan la explotación de los recursos [3].

Por el contrario, las comunidades indígenas no goza de la misma protección jurídica. Para empezar, sus demandas han sido excluidas del sistema de representación política, que se erige desde una perspectiva centralista. Desde la competencia de los gobiernos regionales, tampoco se han tomado las medidas suficientes para lograr esta inclusión. No obstante, un avance importante en esta materia se derivan de la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece obligaciones del Estado para proteger los derechos humanos e intereses de los pueblos indígenas. A partir de este convenio, se creó la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785) durante el gobierno de Ollanta Humala. Esta ley establece que los pueblos originarios deben ser consultados sobre la implementación de medidas legislativas o administrativas que los afecten. Esto se dio a raíz del aumento de la violencia en los conflictos sociales entre los pueblos originarios, el Estado, y las empresas.

Un caso emblemático y lamentable ocurrió durante el gobierno de Alan García, en la ciudad amazónica de Bagua, en el año 2007. El conflicto tuvo origen en la promulgación de un paquete de decretos legislativos orientados a facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estos decretos ponían en riesgo el derecho a la propiedad de las tierras, la conservación de los recursos hídricos y forestales, y la preservación de las tierras para uso agrícola. El 5 de junio de 2009, el estallido de la violencia entre los comuneros y las fuerzas del orden dejó un saldo de 33 fallecidos. Este conflicto evidencia la marginalización de los pueblos indígenas en la toma de decisiones con miras al desarrollo económico del país, así como la indiferencia y represión del Estado, en defensa del mercado, ante las demandas planteadas. El propio mandatario Alan García Pérez manifestó que los indígenas “no eran ciudadanos de primera clase” [4]. Ante esta situación, diversas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, entre ellas la Defensoría del Pueblo, han asumido la tarea de mediar entre los intereses de los pueblos originarios, las empresas y el Estado.

En ese sentido, se ha planteado como solución a la conflictividad la titulación masiva de tierras comunes, como un medio de defensa de los pueblos indígenas frente a los intereses económicos de las empresas respaldadas por el Estado. No obstante, se ha avanzado poco en este proceso pese a la creación de una Ley para el Deslinde y Titulación de Tierras de Comunidades Campesinas (Ley N°24567). Los pueblos originarios no tienen garantizado el derecho a la propiedad privada. El caso de Máxima Acuña es un claro ejemplo de ello. Acuña se enfrentó a la minera Yanacocha, que invadió sus tierras argumentando la compra de las mismas, ante la ausencia de un título de propiedad, y con el objetivo de ejecutar el proyecto de extracción aurífera Conga. Sus derechos fundamentales fueron vulnerados, pues se le sentenció a tres años de prisión suspendida por haber ocupado tierras legalmente pertenecientes a la minera [5].

Otra situación problemática es que el desarrollo de ambiciosos proyectos de explotación minera no se traduce en una mejora de la calidad de vida de las comunidades indígenas. Ante este hecho, se han realizado diversas propuestas programáticas con el objetivo de replantear el rol del Estado como regulador de la actividad extractiva. En las recientes elecciones presidenciales, se enfrentaron dos alternativas políticas para solucionar este problema. Por un lado, el partido de izquierda Perú Libre y su candidato Pedro Castillo propusieron renegociar los contratos firmados con las empresas transnacionales, así como contemplar una eventual nacionalización de los recursos naturales. Por otro lado, la agrupación de derecha Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, propuso el reparto directo del canon minero aportado por las empresas entre la población residente en las zonas de extracción. Los resultados electorales hablan por sí mismos. Perú Libre se impuso aplastantemente en las zonas de mayor extracción minera, especialmente en el llamado corredor minero del sur. Esto se puede interpretar como una demanda de la población por tener derechos de propiedad sobre los recursos, por una presencia más activa del Estado como ente regulador ante los problemas ambientales, y por la mejora de la gestión pública de los servicios básicos [6].

En conclusión, pese a que la apertura a la inversión privada extranjera ha generado un crecimiento económico exponencial, la sociedad y el Estado peruano han sido incapaces de generar un proyecto nacional incluyente que considere a los pueblos originarios como partícipes en el proceso de toma de decisiones para el desarrollo económico integral del Perú, herencia que arrastramos desde la colonia. En ese sentido, el conflicto actualmente se debe a la divergencia de dos visiones distintas de desarrollo. Por un lado, se encuentra la visión centralista y “moderna” del desarrollo, vinculado al modelo económico de libre mercado, que promueve la explotación de los recursos naturales del territorio para obtener recursos monetarios. Por otro lado, está la visión de los pueblos originarios, que tiene como pilar la protección del territorio y los recursos hídricos y forestales, así como la demanda por una gestión pública más efectiva en términos de infraestructura, salud y educación. Además, pese a las normas e iniciativas del Estado, aún hay brechas en el acceso de las comunidades indígenas a sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la propiedad sobre sus tierras. Una posible solución, entonces, pasa por mejorar la calidad de la gestión pública, así como por la creación de políticas públicas orientadas a la ampliación efectiva de la ciudadanía hacia los pueblos originarios, entre lo que se podría incluir mejorar el proceso de titulación de tierras comunes. Para ello, es necesario comenzar por entablar un discurso inclusivo en búsqueda de la equidad y la conciliación entre las visiones de desarrollo, para luego pasar al diálogo entre sociedad, Estado y empresa. El más grande compromiso del Estado y la sociedad peruana con los pueblos originarios debe ser la liberación de su condición histórica de subordinación, para ahora sí, ser considerados, al igual que el resto de compatriotas, como “ciudadanos de primera clase”.

FUENTES:

[1] Ugarte, C. (2019). Bosquejo de la historia económica del Perú. Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/libros/bosquejo-de-la-historia-economica-del-peru/bosquejo-historia.pdf

[2] Defensoría del Pueblo (2012). Resolución Defensorial 009-2012. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe-156.pdf

[3] Ramos, G. (s.f.) Conflictos socioambientales en el Perú. Congreso de la República. https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/GrupParlamentarios/indigena.nsf/vf08web/213EA5AB1FFC887405257674007F3E28/$FILE/Art.PIACongr.GloriaRamos.pdf

[4] Federación Internacional de Derechos Humanos (2009). Perú-Bagua: Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico. https://www.fidh.org/IMG/pdf/amer/pe529e.pdf

[5] New Internationalist (2012). Life yes, gold no. https://newint.org/features/web-exclusive/2012/11/21/peru-gold-rush-threatens-indigenous-communities/

[6] Saldarriaga, J (2021). Canon minero: ¿Por qué las regiones perciben que no se benefician de la minería? Diario El Comercio. https://elcomercio.pe/economia/dia-1/pedro-castillo-canon-minero-por-que-las-regiones-perciben-que-no-se-benefician-de-la-mineria-regalias-mineras-noticia/?ref=ecr