Escrito por Piero Chávez Gonzales, miembro de la comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos. 

El día de ayer, 03 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) comunicó el inicio de la investigación formal contra autoridades venezolanas por posibles crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con el fiscal de esta Corte, Karim Khan, esta investigación se concentrará en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en el año 2017. 

La CPI abrió la investigación preliminar en el año 2018 por la acción de las fuerzas policiales y militares en la contención de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, en las que murieron alrededor de 100 personas. Al respecto, la antecesora de Khan señaló que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad y señaló la inacción de las autoridades de Venezuela para investigar estos hechos.

Además, el fiscal de la Corte, Karim Khan, y el presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, firmaron un Memorándum de Entendimiento para esta etapa de investigación formal. En este, se establece que ambas partes se comprometen a facilitar la cooperación y asistencia mutua, con la finalidad de determinar si corresponde formular cargos contra una persona. 

Este documento concluye con los tres acuerdos entre las partes. En primer lugar, la República de Venezuela se compromete a asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con estándares internacionales, con el apoyo y compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, se establecen mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el mandato del Fiscal. Finalmente, las partes deben esmerarse en concertar mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo actuaciones de conformidad con el Estatuto de Roma. 

Desde el Equipo de Derechos Humanos, reconocemos la labor de la Corte Penal Internacional en el respeto al Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. Por ello, es necesario que la República de Venezuela actúe de conformidad con los acuerdos establecidos con el fiscal de esta Corte a fin de conocer la verdad de lo ocurrido en las protestas antigubernamentales del año 2017. Los crímenes de lesa humanidad representan una grave afrenta contra los derechos humanos, intolerables en un Estado de Derecho, por lo que merecen una investigación adecuada y el compromiso de cooperación del Estado venezolano.  

Fuente: France 24,  Corte Penal Internacional