Escrito por Carmela Pérez, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.
La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha demostrado las deficiencias de los sistemas de salud internacionales. Por un lado, la alta tasa de contagios severos ha revelado la precariedad de los hospitales, clínicas y demás establecimientos de salud, que, en los momentos más complicados de la pandemia, no pudieron dar de abasto y no lograron atender a los contagiados. Por otro lado, se reveló la falta de preparación que existía respecto a la posibilidad de que ocurriese uno de estas tragedias, manifestada en una falta de organización que pudo haber sido crucial para evitar la pérdida de tantas vidas. Finalmente, la pandemia demostró (y agravó) la inequidad en el acceso a los servicios de salud, provocando el incumplimiento del derecho a la salud. Esta inequidad se manifestó de muchas formas durante las distintas fases de la pandemia. Durante la cuarentena inicial, se manifestó en la falta de acceso a respiradores, camas de hospital y medicación necesaria para poder tratar a las personas contagiadas. Luego, se evidenció en la incapacidad de adquirir los implementos necesarios para participar de la reactivación económica, y actualmente, se puede observar en la inequidad en el acceso a las vacunas.
Inequidad a nivel global
A nivel global, las diferencias en las tasas de vacunación entre los países vuelven innegable la realidad, el acceso a las vacunas está determinado por un tema económico. Hasta el 12 de noviembre de este año, en los países más desarrollados, el 65% de la población había recibido aunque sea la primera dosis, mientras que, en los países con menores ingresos, únicamente el 6.5% contaba con alguna de las dosis [1]. Según la data recolectada por UNICEF y Gavi, esto se debe a que el costo de las vacunas no es asequible dependiendo del presupuesto estatal de cada país. Si bien es verdad que el costo de la vacunación requiere que se altere el presupuesto asignado para la salud, en cada país. Además, se calcula que los países más desarrollados sólo necesitan aumentar el gasto en un 0.8%, mientras que los países menos desarrollados requerirían aumentar el presupuesto asignado en un 30% a 60% para alcanzar el mínimo estimado para controlar los contagios [1].
Durante el discurso a la 76° Asamblea General, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres manifestó preocupación por este problema, criticando la falta de acción ante este. Asimismo, destacó otra de las dificultades que se han producido durante la vacunación, la dificultad en el almacenamiento y el tiempo de vida útil. Guterres expresó que, al observar cómo progresaba el tema de la vacunación, advirtió un panorama preocupante: “la imagen que nos ha llegado de algunos lugares del mundo, donde se ven vacunas contra la COVID-19 … en la basura” [2]. El problema al que Guterres se refería era el excedente de vacunas que se produce en los países más desarrollados, sin embargo, extiende la preocupación respecto al transporte y almacenamiento de las vacunas. La mayoría de vacunas contra el coronavirus requieren estar almacenadas en temperaturas bajas, entre 2° a -20° celsius, sin embargo, existen vacunas (como la Pfizer-BioNTech, que debe ser almacenada a -70°C) que requieren temperaturas específicas, lo cual incrementa el gasto de la vacunación, ya que se debe adquirir el equipamiento necesario para poder mantenerlas [3].
Inequidad en el Perú
Desafortunadamente, este problema también se puede identificar a nivel local, tomando en cuenta los índices de vacunación por provincias. A nivel general, el Ministerio de Salud informó el miércoles 17 de noviembre que se han aplicado ambas dosis al 60% de la población [4], no obstante, esto no refleja la realidad de algunas provincias. En las regiones de Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Puno, aún no se logra inmunizar (con ambas dosis) ni al 40% de la población [4]. Esto contrasta ampliamente con la realidad de regiones que registran índices más bajos de pobreza, por ejemplo, Lima, Arequipa y Moquegua han conseguido vacunar a más del 60% de la población [5]. Si bien existen otros factores que influyen en las tasas de vacunación de cada región, ya sea el absentismo, la desconfianza en las vacunas o la falta de centros de vacunación, se puede observar cierta correlación entre la pobreza y el índice de vacunación, así como, con los niveles de urbanización.
Derecho a la salud
Evidentemente, el respeto al derecho a la salud se ve influenciado por el acceso a las vacunas, ya que dependerá de la vacunación no solo reducir los contagios, sino también la severidad de los síntomas y la recuperación de los contagiados. Según la Constitución, todas las personas tienen derecho a la salud (Artículo 7°), al bienestar y a la vida (Artículo 1°), independientemente de su condición social o económica. De igual forma, responzabiliza al Estado la creación de una política nacional de salud, y lo compromete a “diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud” (Artículo 9°) [6].
A modo de conclusión
Según las estimaciones más recientes, va a ser necesario vacunar al 75% de la población para poder frenar los contagios provocados por el virus del COVID-19 [1]. Sin embargo, esto no se va a poder lograr si no se realizan esfuerzos para vacunar de forma uniforme a la población, ya que se crearía un espacio para que el virus continúe variando y aumentando la contagiosidad [7]. Asimismo, se advierte que la desigualdad en la vacunación socava la recuperación económica mundial, dejando atrás a los países que ya se encuentran en crisis económica debido a la paralización de las actividades [7]. Por todo ello, es necesario urgir a las organizaciones internacionales a que adopten medidas que consideren con urgencia la necesidad de cerrar la brecha en la vacunación, teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrentan los países con menores ingresos. Es claro que resolver esta problemática va a ser un trabajo arduo y complicado, no obstante, es de vital importancia, ya que puede tener repercusiones masivas en la salud global, así como en el regreso a la vida presencial.
Referencias
[1] United Nations Development Programme. (2021). Global Dashboard for Vaccine Equity. Data Features Platform.
https://data.undp.org/vaccine-equity/
[2] Guterres, A. (2021). Discurso del Secretario General ante la Asamblea en el 76º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Naciones Unidas.
https://www.un.org/sg/es/node/259283
[3] Ministerio de Salud. (2020). MINSA asegura cadena de frío para vacuna COVID-19. Ministerio de Salud.
https://www.minsa.gob.pe/newsletter/2020/edicion-45/nota1/index.html
[4] Redacción RPP. (2021). Vacunación en Perú: ¿Cuáles son las regiones con peor avance de inmunización?. RPP Noticias.
[5] Revollé, R. (2021). Así avanza la vacunación contra la COVID-19 en Perú. La República.
https://data.larepublica.pe/avance-vacunacion-covid-19-peru/
[6] Congreso Constituyente Democrático. (1993). Constitución Política del Perú. Congreso del Perú.
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%ADtica-del-Peru-1993.pdf
[7] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). La desigualdad en materia de vacunas socava la recuperación económica mundial. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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