Escrito por Piero Chávez Gonzales, director de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos. 

El pasado domingo 2 de enero, comenzaron las protestas en una localidad de Kazajistán, debido a que las autoridades del país asiático levantaron los límites de precios del gas licuado de petróleo, que se usa para los automóviles, por lo que afecta directamente a sus consumidores. El rechazo a esta medida incrementó y, para el día martes, las concentraciones y enfrentamientos con la policía se extendieron en la mayoría de ciudades y pueblos del país. 

En las protestas, la policía utilizó gases lacrimógenos y granadas paralizantes contra una multitud de personas en la ciudad principal y antigua capital de Kazajistán, Almaty. Esta acción generó que las manifestaciones se volvieran violentas. Como consecuencia, cientos de personas, entre manifestantes y policías, resultaron heridas, y decenas de manifestantes han fallecido en las protestas. Por su parte, los ciudadanos también han recurrido a acciones violentas, debido a la ira generalizada entre los manifestantes. El Ayuntamiento de Almaty fue incendiado, han tomado el aeropuerto y han prendido fuego a los vehículos de la policía y a la sede regional del partido gobernante, Nur Otan. 

Por esta razón, el gobierno liderado por Kasim-Yomart Tokaev destituyó a su gabinete y decretó el estado de emergencia en diferentes partes de Kazajistán. Además, este jueves restauró los bajos precios de combustible. Según sus declaraciones, con la finalidad de asegurar la estabilidad del país. Sin embargo, la ciudadanía sigue protestando en las calles. Esto se debe a que, si bien las protestas iniciaron por el alza de precios, existen razones profundas que explican el descontento de la población kazaja. 

Entre ellas, destaca la desigualdad social y económica, intensificadas por la pandemia, así como el autoritarismo del gobierno. Por ejemplo, la mayoría de elecciones en Kazajistán las gana el partido gobernante con mayoría y no existe una oposición efectiva. El actual presidente, alineado al anterior gobierno, fue electo en comicios irregulares, que fueron criticados por observadores internacionales. 

¿Qué han hecho las autoridades por nosotros en los últimos 30 años?, es la pregunta de los manifestantes en múltiples plazas centrales y pueblos del país. La ciudad de Janaozen, en el suroeste de Kazajistán, se convirtió en uno de los principales focos de las protestas actuales. En ellas, los activistas demandan lo siguiente: Un cambio real en el gobierno; elecciones directas de gobernantes locales, quienes actualmente son designados por el presidente; el retorno a la Constitución de 1993, que limitaba los términos y poderes del presidente; la no persecución de activistas de la sociedad civil; y que las personas ajenas al régimen puedan ocupar puestos de poder. Solo así, cesarán las manifestaciones.

Desde Diálogos Humanos, expresamos nuestra preocupación por la situación que atraviesa Kazajistán actualmente. Vale la pena mencionar que solo un sistema verdaderamente democrático puede garantizar la vigencia de los derechos humanos y limitar los ánimos autoritarios de los gobernantes. Asimismo, reiteramos que el derecho a la protesta es un derecho humano y el rol del gobierno es asegurar que se desarrolle de manera pacífica, no azuzar la violencia reprimiendo a la ciudadanía, que legítimamente protesta contra la desigualdad, el bajo estándar de vida, las limitaciones a las libertades individuales y el autoritarismo de las autoridades, especialmente del presidente Kasim-Yomart Tokaev.

Fuente: BBC Noticias, The New York Times