La criminalización de las mujeres activistas y la desacreditación de violencia y acoso en el Perú

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Escrito por Alejandra Vega, miembro de la comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos 

El pasado lunes 17 de octubre, Mary Lawlow, Irena Khan y Reem Alsalem, tres expertas de ONU en derechos humano, expresaron su preocupación por los derechos y la libertad de Marcela Poirier Maruenda, antropologa y activista peruana que ha sido condenada por el delito de difamación agravada a principios del 2022, luego de haber acusado a un exprofesor universitario por el presunto acoso sexual [1]. 

Luego, en mayo, un juez condenó a Marcela Poirier a que pague aproximadamente 50.000 dólares por daños, e impuso una sentencia de un año y ocho meses de prisión efectiva. Frente a todo esto, las expertas en derechos humanos Mary, Irena y Reem han alertado que, si para el recurso de apelación que se llevó a cabo el 19 de octubre se confirma la sentencia del tribunal de primera instancia, esta sentencia podría llegar a tener un efecto disuasorio en las personas que denuncias violencia sexual y de género [1]. Al respecto, comentaron que “[les] preocupa que la sentencia del tribunal que condenó a Poirier no haya integrado un enfoque centrado en las víctimas y sensible al género” [2]. 

En efecto, si la decisión del tribunal se mantiene, esto podría llevar a silenciar a otras víctimas de violencia sexual, evitando que hablen y denuncien a sus agresores. El caso de Marcela Poirier, al tener gran relevancia mediática, muestra que el defenderse de una demanda por difamación no solo ha sido costoso y estresante, sino que también conduce a una revictimización y trauma mental tras tener que seguir recordando los terribles hechos por los que pasó la víctima [3]. 

Al respecto, en 2020, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores derechos humanos explicó que “las demandas por difamación facilitan estrategias para silenciar o desacreditar a defensores de derechos humanos y periodistas que informan sobre violaciones de derechos humanos” [2]. En adición, en julio de 2022, la Relatora Especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión expresó su preocupación por el uso abusivo del sistema de justicia, precisamente por cómo es que a través de los delitos como la difamación, se busca silenciar a las mujeres. 

Por otro lado, en relación a las recomendaciones que dió el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en febrero de 2022, es necesario el acelelar la investigación y enjuiciamiento de cualquier acto de acoso, violencia de género contra las mujeres, actos de intimidación y represalias perpetrados contra las defensoras de derechos humanos [2] 

Lamentablemente, el ciclo de impunidad no permite que aumenten los enjuiciamientos en casos de violencia de género, pues las víctimas prefieren mantenerse en silencio antes de tener que pasar por juicios física y mentalmente agotadores en donde lo más probable es que la víctima termine siendo acusada por difamación y con su agresor libre. A esto, se añade la sanción social que reciben las víctimas de violencia y acoso al estar en un país conformado por personas profundamente machistas, que tiene como jueces a personas con la misma mentalidad que terminan resolviendo los casos a favor del demandado, absolviéndolos de los cargos imputados y en, su lugar, busca culpar a la víctima y cuestiona qué fue lo hizo ella para que su agresor actúe de cierta manera. Ello no hace más que desviar el hecho de que el único culpable es el agresor, además de que se olvida por completo que, de acuerdo al Acuerdo Plenario N 02-2005/CJ-116, los testimonios de las supervivientes de violencia sexual y en base al género, tienen un valor probatorio.  

Por otro lado, cuando el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos también recibió información sobre la criminalización contra Marcela Poirier, resaltó que “la criminalización de las personas defensoras a través del uso indebido derecho penal para obstaculizar el ejercicio legítimo del derecho a la defensa es una grave vulneración de los derechos humanos y de la obligación de los Estados de respetar y proteger a quienes los defienden” [4] Así, la misoginia y patriarcado vulnerar el principio de no discriminación, y no permite que las mujeres que se encuentran en procesos puedan seguir con estos, ni tampoco que las mujeres miembros de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y la sociedad pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión, pues terminan siendo silenciadas, deslegitimando su lucha y minimizando una triste realidad: la mujer peruana tiene miedo a hablar porque la justicia no es eficiente y mucho menos eficaz. 

Referencias

[1] Naciones Unidas. (2022, 17 de octubre). La criminalización de mujeres activistas en Perú amenaza con silenciar el acoso sexual. 

 https://news.un.org/es/story/2022/10/1516187 

[2] Naciones Unidas. (2022, 17 de octubre). Perú: Expertas de la ONU preocupadas de que criminalizar a las mujeres activistas silenciará a las víctimas de acoso sexual. 

https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/10/peru-un-experts-concerned-criminalising-women-activists-will-silence-victims 

[3] SWI Info. (2022, 17 de octubre). Expertas ONU alertan sobre silenciamiento de víctimas de acoso sexual en Perú

https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-d-humanos_expertas-onu-alertan-sobre-silenciamiento-de-v%C3%ADctimas-de-acoso-sexual-en-per%C3%BA/47985848 

[4] Federación Internacional por los Derechos Humanos. (2022, 8 de abril). Perú: Criminalización de la defensora de los derechos de las mujeres.

https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/peru-criminalizacion-de-la-defensora-de-los-derechos-de-las-mujeres 

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