Soy de izquierda ¿no puedo hablar de Venezuela? Una mirada crítica a la indiferencia de la izquierda

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Escrito por Rayza Durand Flores, miembro de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos

El origen de la protección de los derechos humanos se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. A partir de ese momento, estos derechos han ido evolucionando y su protección se ha desarrollado de forma más óptima [1]. No obstante, en la actualidad se percibe que, a pesar de que distintos cuerpos normativos han incorporado en su legislación nacional diversas medidas de protección, existen gobiernos que adoptan una postura acrítica ante vulneraciones de derechos humanos producidas en otros países. Una de las razones recae en la similitud de una ideología política. 

Frente a ello, es necesario recalcar que la inclinación a cualquier postura política puede producir que los gobernantes no respondan a las violaciones de derechos humanos en Estados con las que comparte la misma ideología; sin embargo, para delimitar el tema, el presente artículo tratará únicamente sobre la pasividad de las autoridades con una política izquierdista frente a las violaciones de derechos humanos ejercidas por el gobierno de Venezuela. 

Actualmente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha publicado cuatro informes que evidencian crímenes de lesa humanidad, complicidad judicial, abusos cometidos por el servicio de inteligencia, entre otros. Estas vulneraciones han abierto un debate sobre el accionar de los gobiernos, principalmente de aquellos que comparten una política izquierdista. Chavez, Ouviña y Thwaites resumen este debate en dos posturas: i) aquellos quienes consideran que criticar al gobierno venezolano implicaría apoyar el avance de las fuerzas regresivas y debilitaría la revolución; y ii) los que replican que la izquierda debe abandonar posturas dogmáticas y condenar cualquier desviación autoritaria [2]. 

Ahora bien, un posicionamiento indiferente ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela se puede identificar en el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ello debido a que mantiene relaciones económicas con este país y , en consecuencia, no solo ha optado por el silencio frente a las situaciones descritas, sino que decidió no suscribir la Misión de investigación de la ONU sobre crímenes realizados en Venezuela [3]. Por otro lado, se advierte que otros gobiernos de izquierda sí han criticado estas vulneraciones. Un ejemplo reciente son las declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien  juzgó las violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno de Nicolas Maduro en la Asamblea General de la ONU desarrollada en Caracas. Además señaló este doble estándar moral de la izquierda chilena con respecto a la situación de Venezuela [4].

A partir de lo señalado, se pueden identificar dos aspectos. En principio, se advierte la existencia de una presión política y/o económica impuesta a las autoridades para que no critiquen a los gobiernos que comparten la misma ideología. Ello comprende una censura indirecta que afecta la libertad de expresión recogida en diversas normas a nivel nacional -correspondientes al país específico- pero también internacional, por ejemplo, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, entre otras normativas. 

Sin embargo, el problema principal recae en las consecuencias en los derechos humanos de este posicionamiento acrítico. Los Estados tienen la facultad de establecer sanciones a otros gobiernos que violen derechos humanos o que pongan en riesgo la paz y seguridad nacional, y pueden comprenderse en sanciones diplomáticas, económicas y sanciones al libre tránsito personal. Un claro ejemplo de la importancia de estas sanciones es el caso del ex director del Servicio de Inteligencia de Venezuela, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, quien apoyó al régimen a pesar de las constantes violaciones a los derechos humanos, por lo que fue sancionado por Canadá en el año 2019. A las dos semanas de la imposición de esta sanción, emitió una carta denunciando la corrupción de Venezuela y retirando su apoyo al gobierno [5] [6]. 

Sin perjuicio de los logros de esta herramienta internacional, únicamente la declaración de rechazo de un gobierno puede afectar negativamente la reputación del país en cuestión, lo cual se relaciona con la reputación económica del mismo y que tiene efectos en la llegada de turistas y estudiantes extranjeros, en la compra de productos nacionales, al invertir en deuda soberana, etc. Por ello, estas declaraciones pueden influir en el accionar de los Estados que cometen violaciones de derechos humanos a fin de que detengan esas prácticas o por lo menos las disminuyan [7]. 

En ese sentido, se puede determinar que, más que el compromiso a una ideología política, las sanciones y críticas a estos gobiernos tiene consecuencias prácticas en la protección de los derechos humanos, por lo que el silencio puede generar un velo de impunidad en el plano internacional que no puede ser admisible en la vulneración de estos derechos. Ello se puede visualizar en el caso de Venezuela, quien ha ejecutado la vulneración del derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y prensa, a la libertad y seguridad personal, etc. El rol de las autoridades con estas medidas es ejercer presión para que las vulneraciones finalicen, por lo que, la ausencia de las mismas genera que estos derechos se sigan viendo afectados. De esta manera, el silencio de los gobernadores tiene una incidencia indirecta, pero grave. 

A manera de conclusión, se debe señalar que, independientemente de la posición política que el gobierno de Venezuela mantiene, es innegable las constantes vulneraciones a los derechos humanos que ejercen en un marco de cumplimiento de sus políticas autoritarias y, frente al cual, la respuesta de muchos gobiernos de izquierda ha sido el silencio. Ante ello, se debe recalcar que asumir una postura política nunca debe suponer el abandono de un pensamiento crítico, principalmente frente a prácticas que producen un perjuicio a los derechos humanos.

En ese sentido, el presente artículo no solo pretende criticar la falta de accionar de las autoridades, pues la pasividad de los ciudadanos también es una conducta reprochable. Así, es necesario que juzguemos las violaciones de derechos humanos cometidas en otros países que mantengan una posición política similar a la nuestra. Ello en tanto la defensa de los derechos humanos no debe depender de una ideología política, por lo que debemos de exigir que las autoridades adopten una mirada más crítica al condenar este tipo de violaciones. Tal y como señala Pio Barojo: “el ser humano puede actuar de dos maneras: mostrarse indiferente ante esas injusticias por no poder darles solución de forma completa, o bien actuar en círculos pequeños, dentro del ámbito que te rodea, y al menos en ese círculo, por muy pequeño que sea, intentar acabar con las pocas injusticias que estén a tu alcance”. [8]  

Bibliografía 

[1] Chipoco, C. (1994) La Protección Universal de los Derechos Humanos: Una Aproximación Crítica. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. pp. 171-225. 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/a9708.pdf 

[2] Chávez, D., Ouviña, H. y Thwaites, M. (1917). Repensar Venezuela desde la Izquierda y Contra la Indiferencia. 

https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvtxw3dn.2.pdf 

[3] The Washington Post (2022). El pragmatismo de Petro está dando resultados, pero Maduro no es cualquier aliado. 

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/10/12/colombia-venezuela-reapertura-frontera-negociaciones-eln-petro-maduro/ 

[4] El País (2022) Gabriel Boric: “Me enoja cuando eres de izquierda y no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”. 

https://elpais.com/chile/2022-09-23/gabriel-boric-me-enoja-cuando-eres-de-izquierda-y-no-puedes-hablar-de-venezuela-o-nicaragua.html 

[5] Nizar, E. (2020). Aproximaciones al Régimen de Sanciones Internacionales y el caso de Venezuela. Banco Interamericano de Desarrollo. pp. 1-21.

https://observatorio.gob.ve/wp-content/uploads/2021/07/Aproximacion-al-regimen-de-sanciones-internacionales-y-al-caso-de-Venezuela.pdf 

[6] Álvarez, J. (1998). Las Sanciones Económicas Internacionales. Heinonline, 50(3). pp. 50-59.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/contxto3&div=12&id=&page= 

[7]​​ Prado, F. (2013). ¿Por qué importa la reputación de un país? Política Exterior, 27(154), 68–78. http://www.jstor.org/stable/43594848 

[8] Baroja, P. (1911). El árbol de la ciencia. 



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