Políticas de seguridad en Salvador y Honduras: ¿a favor o en contra de proteger personas?
0 201 Views Escrito por Guadalupe Quinteros y Rayza Durand, miembros de la Comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos Humanos.
De acuerdo con la Organización Internacional para la Consolidación de la Paz, fundada por la Unión Europea, se entiende al término política de seguridad como aquellas “medidas destinadas a contrarrestar los riesgos y amenazas que se presenten sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones“ [1]. De esta manera, las políticas de seguridad resultan ser de suma importancia para el desarrollo de cada uno de los países.
Las políticas de seguridad de los países de El Salvador y Honduras han llamado la atención mundial por las denuncias por vulneraciones a los derechos humanos que se han presentado en la ejecución de estas políticas y los retos a los que se enfrenta en temas de gobernabilidad democrática [2]. De la misma forma, no se puede ignorar el hecho de que el contexto social que acompaña a estos países de centroamérica, es un modelo que han venido copiando entre sí. El Salvador y Honduras son países con mayor cantidad de casos de violencia homicida y altos índices de criminalidad organizada en pandillas que se han fortalecido a través del tiempo.
Los últimos 10 años demuestran que la respuesta estatal ha cambiado y se ha promocionado la aceptación de una mayor evolución y poder en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, este actuar es criticado por los propios ciudadanos de estos territorios, pues no han conseguido respuestas efectivas y sostenibles que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos.
Política de seguridad de El Salvador
La situación de inseguridad ciudadana y violencia en varias zonas del país representa un gran reto para el Estado Salvadoreño.No obstante ello, desde el año 2016, este país ha reportado una baja significativa en el número de homicidios [3]. Asimismo, como consecuencia del plan del Gobierno de lucha contra las pandillas y, a su vez, como garantía del control político y territorial a favor de la seguridad ciudadana, el 27 de marzo del 2022 el presidente Bukele se ha manifestado a favor de instaurar una figura respaldada en el art. 29 de su Constitución, en otras palabras, un régimen de excepción de duración de no más de 30 días [4].
Si bien los regímenes de excepción son un mecanismo común en diferentes países, como por ejemplo en el caso peruano que comprende al Estado de Emergencia y al Estado de Sitio, entonces ¿por qué el régimen de excepción en El Salvador ha generado una alarmante preocupación a nivel internacional? En primer lugar y con fines de brindar una mejor explicación de la respuesta a la anterior pregunta, es necesario mencionar que “un régimen de excepción es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia y debe ser eminentemente temporal y extraordinario” [3] (negritas añadidas).
Al respecto, si bien la violencia en dicho país es una situación que puede ser declarada en la agenda salvadoreña como una situación de emergencia, la medida está vigente más tiempo del previsto en un inicio y las ampliaciones del mismo no resultan ser razonables y acordes al contexto reportado a través de comunicados oficiales de dicho Estado, puesto que en estos se expone una mejoría en la seguridad ciudadana. Los estados de excepción, tal como su mismo nombre lo dice son excepcionales y el mantenerlos vigentes solo porque con ellos se vieron mejoras representan una vulneración de las garantías constitucionales De este mismo modo, se fomenta una cultura judicial que normaliza un ambiente de omisión y falta de incumplimiento de estas, afectando gravemente los valores democráticos de dicho país.
De lo anterior expuesto, es posible observar cómo El Salvador ha adoptado un modelo de política de seguridad que se basa en la limitación de las garantías constitucionales como la libertad de movimiento, el derecho a la asociación y el debido proceso” [2]. Por un lado, vemos que el régimen de excepción otorga un mayor poder a las fuerzas del orden de dicho país, pues habilita el despliegue de militares en las calles y el arresto de civiles sin orden judicial. Por otro lado, este aumento en la presencia de las fuerzas del orden y del propio Gobierno ha generado una falta de autonomía de los organismos de justicia encargados de los procesos legales iniciados en contra de todos aquellos detenidos, acusados de pertenecer a asociaciones ilícitas y pandillas.
Esta afectación se ha visto reflejada no solo en el derecho al debido proceso, sino también que se ha extendido al instituto de la prisión preventiva [2]. Asimismo, dentro de la organización de las instituciones judiciales se han producido despidos de muchos jueces y fiscales, quienes fueron reemplazados por personajes cercanos al Ejecutivo, pese a las irregularidades en sus nombramientos.
A modo de ejemplo, el pasado 24 de febrero se realizó el traslado de 2,000 reos a, lo que el presidente Bukele denominó, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que es conocida popularmente como la megacárcel de El Salvador. En base a ello, las autoridades anunciaron que esta cárcel fue construida para todos los que pertenezcan a estas pandillas. [5]
Política de Seguridad en Honduras
La estrategia adoptada por la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, inició el 24 de noviembre del pasado año con la declaración de estado de emergencia en materia de seguridad, medida que se justificó en el combate contra el crimen, narcotráfico y extorsión, así como en la desarticulación de organizaciones criminales [6]. En principio, la mandataria instó a la policía a recomendar a los gobiernos municipales establecer un estado de excepción parcial y con ella la suspensión de garantías constitucionales [7]. Todo esto surgió después de las protestas de empresarios de transporte de pasajeros, que exigían una mayor protección frente a las extorsiones experimentadas continuamente en el país, pues se aproxima que 60 trabajadores de ese sector fueron asesinados por rechazar una extorsión durante el 2022 [6].
Posteriormente, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado informando que se daría inicio a un estado de excepción el 06 de diciembre en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En principio, se estableció un plazo de 30 días; no obstante, esta medida fue expandida en dos oportunidades, ampliando su duración hasta el 06 de abril del 2023 y su alcance a 16 departamentos [8]. Nuevamente se recuerda la importancia de la temporalidad de un estado de excepción, pues responde a situaciones extraordinarias y que, bajo ninguna circunstancia, deben convertirse en el “estado normal” de un país.
Ahora bien, frente a esta medida, la Secretaría de Seguridad registró una reducción de 6 puntos en la tasa de homicidios del 2022 respecto al año previo, la más baja del país en 16 años, logro que atribuyeron principalmente al estado de excepción, pues fue en diciembre del 2022 cuando se produjo una reducción drástica de asesinatos [8]. Sin embargo, la percepción de violencia de la ciudadanía no concuerda con las estadísticas mencionadas, pues conciben un incremento de violencia en las calles. Asimismo, estas cifras no concuerdan con lo verificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), quienes expresaron su preocupación por una posible manipulación de información. Por ejemplo, en el informe de la Secretaría de Seguridad se reportan 652 detenciones del 06 de diciembre del 2022 al 4 de enero; sin embargo, Conadeh solo pudo comprobar 159, dentro de las cuales, un gran número no se relacionaba con crímenes organizados, uno de los principales motivos del estado de excepción [9]. La información demuestra que las políticas de seguridad no están generando un verdadero impacto en la población hondureña, pero principalmente sugiere que las inconcordancia de cifras podrían responder a un engaño por parte del gobierno para justificar y prolongar este tipo de medidas, lo cual es crítico al considerar que un estado de excepción: i) limita derechos garantizados a nivel nacional e internacional; ii) otorga un mayor poder a las fuerzas del orden; e ii) incrementan las posibilidades de detenciones arbitrarias.
Derechos vulnerados
Como resultado de lo mencionado, los derechos de los ciudadanos se han visto en constante vulneración. En efecto, en Honduras se registró un total de 1,118 casos de violaciones de derechos humanos por falta de acceso al sistema de justicia y protección a las garantías del debido proceso. Asimismo, se reportó que la Secretaría de Seguridad fue una de las instituciones estatales con mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos [10].
En el caso de El Salvador, según un informe de Human Rights Watch, durante el estado de excepción se produjeron diversas violaciones de los derechos humanos en mérito a la seguridad ciudadana, como el derecho al debido proceso, a la integridad y a la vida. Todo ello causado por las detenciones arbitrarias masivas, torturas u otros tratos crueles durante las detenciones, desapariciones forzadas, procesos penales abusivos, e incluso la muerte causada por efectivos policiales y/o militares [11].
Conclusión
En síntesis, se advierte que el gobierno de Honduras y El Salvador han optado por medidas de seguridad que vulneran los derechos humanos de sus ciudadanos al mantener de forma prolongada el estado de excepción y/o con la creación de un centro penitenciario de gran escala. Todo ello ha permitido un incremento significativo en las detenciones policiales, principalmente en el segundo país. Como se señaló, se ha denunciado que estas capturas, además de mantener un porcentaje alto de arbitrariedad, fueron acompañadas de vulneraciones al debido proceso, derecho a la integridad y la vida.
Está situación amerita un cambio de política urgente que se implemente en el marco de un Estado respetuoso de los derechos humanos, principalmente al considerar que las medidas de seguridad de “mano dura” buscan reducir la tasa de delincuencia a través la creación de un estado de terror, que sitúa como un estado de normalidad la limitación de derechos y garantías constitucionales. Aquello incide de forma negativa en todos los ciudadanos y los predispone a una situación de vulneración constante, principalmente ante la amenaza de detenciones arbitrarias.
En adición, es importante considerar que estas medidas no tienen una eficacia real a largo plazo, en tanto no se establece de forma conjunta una política preventiva contra el crímen. Por último, es importante enfatizar en una política más transparente, que muestre las verdaderas condiciones del encarcelamiento para una mayor protección de los derechos humanos de toda la sociedad.
Bibliografía
[1] Interpeace (2001). Concepto y Agenda de Seguridad.
https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2001/09/2001_09_Guat_Interpeace_Marcoanalitico.pdf
[2] Silva, H. (2023). Regímenes de excepción: ¿El nuevo modelo de seguridad de Centroamérica? Washington Office on Latin America (WOLA).
https://www.wola.org/es/analisis/regimenes-de-excepcion-nuevo-modelo-seguridad-centroamerica/
[3] Méndez- Dardón, A. (2022). Corrupción y Régimen de Excepción en El Salvador: una democracia sin oxígeno. Washington Office on Latin America (WOLA).
[4] Asamblea Legislativa (1983). Constitución de la República de El Salvador de 1983.
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_de_la_republica_del_salvador_1983.pdf
[5] Aleman, M. (2023). Mega cárcel para pandilleros genera polémica en El Salvador. Los Ángeles Time.
[6] Sandoval, E. (24 de noviembre de 2022). Gobierno de Honduras declara emergencia nacional en materia de seguridad. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/24/gobierno-honduras-emergencia-nacional-seguridad-orix/amp/
[7] Sorto, N. (03 de diciembre de 2022). Honduras implementará el estado de excepción parcial en varias regiones a partir del martes 06 de diciembre. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2022/12/03/honduras-estado-de-excepcion-parcial-orix/
[8] Matute, A. (2023). Honduras progresa en controlar la violencia ¿es posible hacerlo de forma sostenible?. United States Institute of Peace. https://www.usip.org/publications/2023/01/honduras-progresa-en-controlar-la-violencia-es-posible-hacerlo-de-forma
[9] S/A (11 de enero del 2023). Ampliación del estado de excepción comprometería a Honduras en materia de derechos humanos, advierte Conadeh. Proceso Digital. https://proceso.hn/ampliacion-del-estado-de-excepcion-comprometeria-a-honduras-en-materia-de-derechos-humanos-advierte-el-conadeh/
[10] CONADEH (2023). En maps de 5.8% aumentaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos atendidas por el CONADEH en el 2022. https://www.conadeh.hn/en-mas-de-5-8-aumentaron-las-denuncias-de-violaciones-a-los-derechos-humanos-atendidas-por-el-conadeh-en-el-2022/
[11] Human Rights Watch (2022). “Podemos detener a quien queramos”: violaciones generalizadas de derechos humanos durante el “régimen de excepción” en El Salvador. https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/12/elsalvador1222sp_web.pdf
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