Escrito por Elizabeth Flores, miembro de la comisión de Diálogos Humanos del Equipo de Derechos humanos.

Introducción

El desplazamiento y la migración son fenómenos cada vez más cotidianos, pero no por ello menos preocupantes. Perú es un ejemplo de ello, puesto que en los últimos años el número de refugiadas y migrantes ha aumentado un 691,17%, cifra equivalente a 1.069.745 personas que nos posiciona en el puesto 102 respecto a los países con más migrantes [1]. Esta situación nos lleva a cuestionarnos cómo se encuentra el desarrollo de las políticas y planes sobre la protección de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Por lo expresado, este artículo se enfocará en uno de los derechos fundamentales de toda persona: el derecho a la salud.

Regulación del derecho a la salud

Para entender la situación actual, es necesario analizar normas internas, como la Constitución de 1993, e internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues ambas establecen los principios y garantías para el ejercicio del derecho a la salud en el contexto migratorio. Por un lado, la Constitución reconoce en el Capítulo denominado De los derechos sociales y económicos, que todos tienen derecho a la protección de su salud [2]. Asimismo, estipula que es el Estado quien es responsable de diseñar y conducir la política nacional en forma plural y descentralizada para facilitar el acceso equitativo a los servicios de salud y, además, debe garantizar el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas [2]. Esto debe leerse de la mano con el artículo 2, inciso 1, según el cual está prohibida la discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

Por otro lado, desde la perspectiva del marco jurídico internacional, Perú ha ratificado distintos tratados que reconocen al derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Entre ellos, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual se establece que los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, incluyendo a las personas refugiadas y migrantes, sin discriminación alguna [3]. Esto implica que las barreras administrativas y discriminación que enfrentan las personas refugiadas y migrantes en el acceso a servicios de salud, como el SIS, son contrarias a las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos. Otro tratado relevante en tema de salud ratificado por Perú es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual en su artículo 12, inciso 1, literal d señala lo siguiente:

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad [4].

El sistema de salud en el Perú

Perú, como otros países, cuenta con servicios de salud que pueden ser clasificados por su fuente: Estatal o privada. Entre los servicios estatales destaca el Seguro Integral de Salud (SIS), programa que tiene como objetivo garantizar el acceso a servicios de salud a las personas que no cuentan con un seguro, ya sea por no tener un empleo formal o por no poder costear uno particular. Sin embargo, se han reportado distintos casos en los que personas refugiadas y migrantes han enfrentado dificultades para acceder a este seguro y recibir atención médica adecuada. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, en el periodo de mayo a julio del año 2021, recibió más de 30 quejas por casos de discriminación y barreras administrativas que impiden a las personas refugiadas y migrantes obtener el SIS, hecho que limita su acceso a servicios de salud y vulnera su derecho a la salud [5].

No obstante, la población refugiada y migrante en Lambayeque no solo tiene dificultades para el acceso a los servicios de salud, sino también para la continuidad del tratamiento por alguna enfermedad ante la escasez de recursos económicos para la compra de medicamentos o la elaboración de análisis de apoyo al diagnóstico, situación que, nuevamente, vulnera sus derechos a la salud y a la vida [5]. Esto último se debe a que la mayoría de los refugiados y migrantes en Perú son venezolanos [1], quienes se encuentran en una situación de precariedad preocupante.

Principales deficiencias en el servicio de salud

Podemos identificar, en primer lugar, a la denegación de la atención médica por falta de documentos de identidad o residencia como una deficiencia en nuestro sistema de salud. A pesar de las medidas implementadas para simplificar los requisitos de acceso a seguros de salud, como el SIS, algunas personas refugiadas y migrantes han enfrentado obstáculos para obtener la cobertura de salud debido a la falta de documentos exigidos o la falta de conocimiento sobre los documentos alternativos que pueden presentar.

En segundo lugar, las barreras lingüísticas y culturales constituyen un impedimento para que las personas refugiadas y migrantes que no hablan español o que pertenecen a comunidades indígenas accedan al sistema de salud peruano. Esto puede dificultar la comunicación con el personal de salud, la comprensión de los procedimientos y la obtención de información sobre su estado de salud y los servicios disponibles, resultando así, en una atención inadecuada o insuficiente.

En tercer lugar, es posible identificar que las personas refugiadas y migrantes en Perú enfrentan discriminación y estigmatización por parte del personal de salud debido a su origen migratorio, su apariencia física, su etnia o su estatus migratorio. Esto deriva en un trato desigual, falta de empatía y una atención de salud de baja calidad.

En cuarto lugar, cabe destacar que las personas refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad económica pueden enfrentar dificultades para acceder a servicios de salud debido a los costos asociados, como el copago en algunos seguros de salud o el pago de medicamentos y tratamientos. Esto puede resultar en la falta de acceso a servicios esenciales de atención médica o la interrupción de tratamientos necesarios debido a la falta de recursos económicos.

En cuarto y último lugar, la falta de información sobre los servicios de salud disponibles en Perú, incluyendo los programas y seguros de salud a los que las personas refugiadas y migrantes pueden acceder constituye una barrera importante para el cumplimiento de este derecho. Esto puede dificultar su capacidad para buscar atención médica o acceder a servicios de prevención y promoción de la salud.

Medidas para mejorar el ejercicio del derecho a la salud de las personas migrantes

Para enfrentar esta problemática, el Estado peruano ha desarrollado políticas de inclusión dirigidas a las personas refugiadas y migrantes reconociendo su derecho a la salud y promoviendo su acceso a servicios de salud. Por ejemplo, se han implementado programas y campañas de información y sensibilización dirigidos a las personas migrantes para informarles sobre sus derechos en materia de salud y los servicios disponibles. Del mismo modo, se han establecido medidas para facilitar el acceso de las personas refugiadas y migrantes a seguros de salud: se han simplificado los requisitos para la obtención del SIS, permitiendo que las personas migrantes puedan acceder a este seguro con documentos alternativos, como el pasaporte o el carné de extranjería, en lugar de tener que presentar documentos de identificación y residencia peruana.

Por otro lado, se ha promovido el fortalecimiento de la atención primaria de salud, que incluye la atención preventiva y curativa en los establecimientos de salud a nivel local. Así, se busca asegurar que las personas refugiadas y migrantes puedan acceder a servicios de salud de calidad en su comunidad, asegurando un enfoque integral y centrado en la prevención y promoción de la salud. En esta línea, se han desarrollado programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal de salud, con el objetivo de promover una atención libre de discriminación y estigmatización hacia las personas refugiadas y migrantes. Esto incluye la formación en temas de derechos humanos, diversidad cultural, atención intercultural y enfoque de género, entre otros.

Finalmente, mediante el establecimiento de instancias de coordinación entre diferentes entidades del Estado, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado busca garantizar una atención integral y coordinada para las personas refugiadas y migrantes en los diferentes niveles del sistema de salud.

Conclusión

El continuo y gran flujo de refugiados y migrantes en Perú supone un llamado de atención a las autoridades. Resulta imperativo que se tomen medidas para poder proteger los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Entre todos los derechos, la salud es fundamental por su conexión con el derecho a la vida y la dignidad de la persona. Como se ha podido apreciar, Perú no fue ajeno al llamado, hecho que se plasma en las medidas que se han tomado e implementado; sin embargo, aún existen deficiencias en el sistema de salud que deben ser solucionadas con prontitud para evitar aumentar la situación de vulnerabilidad de quienes ya constituyen un grupo en riesgo: las personas refugiadas y migrantes.

Bibliografía

[1] Datosmacro (s.f.). Sube el número de inmigrantes que viven en Perú. Perú – Inmigración 2020 | Datosmacro.com (expansion.com)

[2] Constitución Política del Perú (1993).

[3] Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

[4] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976).

[5] Defensoría del Pueblo (2021). Defensoría del Pueblo: urge garantizar derecho a la salud de personas refugiadas y migrantes en hospitales de Lambayeque. 14 de agosto de 2021. Defensoria del Pueblo Peru