Tensiones y debates en Argentina: La restauración de la pena de muerte como consecuencia del desolador caso del crimen Morena

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El texto que versa a continuación es la transcripción fiel de la entrevista realizada por el área de Formación Académica del Equipo de Derechos Humanos a Joaquín Pablo Reca, quién es Auxiliar Letrado de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en Argentina y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. La entrevista se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2023. 

Comprometidos con la cultura jurídica, Diálogos Humanos se complace en compartir esta entrevista transcrita en su totalidad, esperando sea de utilidad de nuestros lectores.

1. ¿Cuál es la información disponible sobre el caso de Morena, la niña de 11 años que fue víctima de un acto de inseguridad en Argentina? ¿Cómo se ha posicionado la sociedad argentina ante este trágico escenario? ¿Ha habido un cambio significativo en la opinión pública en relación con la pena de muerte como sanción ante este caso?

Sin duda, el contexto global actual está marcado por un sinnúmero de desafíos y debates que atañen a las penas privativas de la libertad y la pena de muerte. Ciertamente en los últimos años, varios eventos y tendencias han influido en estas discusiones a nivel internacional, que plantean serios y complejos problemas éticos y de derechos humanos. 

Por un lado, el mundo ha sido testigo de un aumento en la preocupación por la seguridad y la lucha contra el crimen, lo que ha conducido a algunos gobiernos a considerar la imposición de penas más duras como medida disuasoria. La percepción de que el crimen y la violencia han aumentado en algunas regiones ha llevado a la implementación de políticas de “mano dura”, que incluyen penas más largas y la ponderación de la pena de muerte como un posible castigo, materializándose -en su aplicación- en varios países (v.gr., Estados Unidos -en particular en Texas, Utah, Oklahoma-, China y Egipto -estos dos últimos lo aplican particularmente para los llamados “delitos comunes” vinculados al tráfico de drogas). 

Del otro, en paralelo al enfoque mencionado, ha habido un movimiento global en defensa de los derechos fundamentales y la abolición de la pena de muerte. Organizaciones Internacionales, activistas, defensores/as de derechos humanos, han abogado por la abolición de la pena de muerte, argumentando que es “inhumana”, “irreversible”, entre otras razones que enunciáremos seguidamente. 

Desde luego, este escenario no resulta ajeno al continente interamericano -cuyo primer país abolicionista en el mundo, vale recordar, fue Venezuela en 1863, prohibiéndola para todos los delitos-, donde todavía existe vestigios de su materialización, como se refleja, por ejemplo, en el mentado caso de Estados. Unidos, o con debates en otros países de la región acerca de una eventual implementación, como se advierte en el caso de Argentina, cuyo último testimonio en esta materia -en la aplicación de la pena capital-  data del año 1916.

Precisamente, en lo que atañe al caso de Argentina, se atisba una suerte de reapertura en esta clase de cuestiones que, a la par de ser cada vez más latentes, se potencian ante casos de conmoción colectiva, como el de Morena Rodríguez, una niña de 11 años, quien, en la mañana del pasado 9 de agosto, mientras se dirigía a su escuela, ubicada en el Partido de Lanús (Provincia de Buenos Aires), fue despojada de su vida, a raíz de un brutal asalto, cuyo único fin -o al menos así surge de la causa judicial en curso- era arrebatarle su teléfono móvil.

Frente a ese desolador episodio, que desembocó en diversas protestas públicas direccionadas a “un Estado más presente”, se erigieron reclamos vinculados a “penas más gravosas”, como la pena de muerte e inclusive a la  “justicia por mano propia”. A la vez, motivó a que los/as candidatos/as presidenciales, además de suspender sus respectivas campañas en el marco de las Elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas Obligatorias (PASO), se manifestaron al respecto. Así por ejemplo, el candidato Sergio Massa -entre otros puntos- hizo especial hincapié en “reforzar todas aquellas medidas tendientes a la lucha contra la inseguridad” y, de tal suerte, a “consolidar programas que permitan trabajar en prevención” (cámaras, botones antipánicos, e.o.), como así también, a focalizarse -dado que el hecho involucraba presuntamente a un menor de edad, lo cual se descartó en el devenir del proceso- en la construcción de un “nuevo régimen penal juvenil”, que establezca la edad de imputabilidad entre los 14 y 18 años. Por su parte, la candidata Patricia Bullrich también se pronunció, señalando la urgente necesidad de reformar el Código Penal y, junto a ello, se contemple el tipo legal de “reiterancia”, esto es, la comisión repetida de delitos similares (patrón delictivo) independientemente de que la persona haya sido condenada previamente por esos delitos -a diferencia de la figura de la “reincidencia”-, lo cual le incidirá a esa persona en futuras decisiones judiciales  y en la imposición de penas. Finalmente, Javie Milei -quien, junto al primero de los candidatos citados se disputará, el próximo 19 de noviembre, la Presidencia del país-, puso énfasis en una reforma “completa” de las leyes de seguridad interior, defensa y del servicio penitenciario, de modo que -según aseveró el funcionario- se cimiente un único modelo estatal, el de la “represión de delitos sin titubeos”.

2. ¿Cuáles son los argumentos legales que respaldan o contradicen la pena de muerte desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente en el contexto argentino suscitado por el caso Morena y la inseguridad ciudadana? A todo ello, ¿La legislación y la Constitución argentina mencionan algo sobre la pena de muerte?

Como se adelantara, el trágico caso de Morena ha dado nuevamente pie a diferentes argumentos tanto a favor como en contra de la aplicabilidad de la pena de muerte. 

De su lado, en lo que atañe al primer grupo, se esgrimen fundamentos como la  “Retribución y Justicia” (es decir, la pena de muerte como una forma de retribución proporcional a los delitos más graves, de modo que se estaría retribuyendo -a modo de reparación- a las víctimas como a sus familias), la ya referida “Disuasión” (esto es, la pena de muerte puede disuadir a los/as criminales de cometer delitos graves, lo que, en última instancia, protegería los derechos fundamentales de futuras posibles víctimas) y, más remotamente, se pueden advertir aquéllos vinculados a la “Soberanía estatal” (a saber, la pena de muerte sería un asunto de soberanía, por lo que los Estados deben tener la autonomía para determinar sus propias políticas penales.

Del otro, relativo al segundo grupo, se vislumbran aquellos argumentos vinculados al “Derecho a la Vida” (con la materialización de esta sanción se estaría conculcando, desde luego, el derecho sustancial a la vida), al “Riesgo de Error Judicial” (en otras palabras, existe un riesgo inherente de condenar y ejecutar a personas inocentes), a la “Crueldad e Inhumanidad” (especialmente, en aquellos supuestos en los que los métodos de ejecución puedan causar sufrimiento extremo), la “Discriminación y Arbitrariedad” (sosteniéndose, a ese respecto, que la pena de muerte se aplica de manera discriminatoria y arbitraria, con ciertos grupos raciales, étnicos y socioeconómicos más propensos a ser condenados y ejecutados, como ocurre en Estados Unidos), la “Falta de Rehabilitación” (es decir, se eliminaría la posibilidad de que los/as condenados/as se rehabiliten y reformen, siendo éste un objetivo fundamental en los sistemas de justicia penal basados en los derechos fundamentales), al  “Derecho a un Juicio Justo” (dicho de otro modo, los procesos judiciales que se llevan adelante este tipo de pena aparejan, en principio, inconvenientes con las garantías legales, dejando entrever la colisión de tales circunstancia con los derechos fundamentales) y, por último, los  “Costos para el Sistema Judicial” (esto quiere decir, los gastos que irrogarían años de apelaciones previas a la aplicación de una pena irrevocable). 

Ahora bien, habida cuenta de las posturas someramente comentadas, cabe, entonces, atender a la regulación normativa argentina en lo que atañe a esta cuestión. 

En tal sentido e inexorablemente, debemos remitirnos a la Constitución nacional de 1853  (de tinte “liberal-conservador”) que ya, en su aún vigente artículo 18 -atinente a las “garantías procesales” (v.gr., la existencia de una ley anterior al hecho delictivo imputado, defensa en juicio, no ser juzgado/a por comisiones especiales)- preveía la abolición de la pena de muerte, pero circunscribiendo tal prohibición únicamente a los “delitos políticos”. Esto fue así, dado que los constituyentes de aquel tiempo no habían pensado la abolición total de la pena capital, sino que quisieron poner punto final a las luchas internas originadas por diferencias ideológicas. 

Pues bien, en ese entendimiento constitucional y a pesar de ciertos atisbos en la puesta en práctica de esta pena a lo largo de la historia argentina (v.gr.,  en el Proyecto del Código Penal de 1922, el cual no se concretó por cuanto se sostuvo que la muerte no repararía el daño ocasionado), interesa señalar que el “destierro” total de la pena capital en nuestro  ordenamiento jurídico fue recién en el año 2008, con la derogación del Código de Justicia Militar, cuyo artículo 476 preveía, en casos de traición a la patria, esta tipología de condena mediante el fusilamiento. 

Desde luego, estas referencias no pueden obviar la reforma de la Constitución nacional en el año 1994, a través de la cual se le otorga el estatus de jerarquía constitucional a diversos instrumentos de derechos humanos, entre ellos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), así como al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyas disposiciones. -en ambos casos- reflejan una tendencia abolicionista en punto a la pena de muerte. 

3. ¿Qué impacto originaría la restauración de la pena de muerte en Argentina en términos de su imagen internacional y su compromiso con la protección de los derechos humanos a nivel de los tratados suscritos?

De lo hasta aquí expuesto y preliminarmente, cabe recordar que la Argentina ha receptado,  en el artículo 75 inciso 22 de la mentada reforma constitucional, diversos decálogos atinentes a los derechos fundamentales, los cuales -como se dijo- adquieren status jurídico de “jerarquía constitucional”, a saber: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros a enunciar. 

Bajo esa sintonía constitucional, interesa tomar en consideración que, previo a dicha reforma, la Argentina -a través de sus respectivas ratificaciones- ya estaba obligada a dar cumplimiento con la mayoría de las previsiones estos instrumentos -en su mayoría vinculantes-, tal como acontece -y en lo que estrictamente concierne a estas líneas- con la ratificación del país, en el año 1984, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de 1969), o, en el año 1986, con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (de 1966). Estos compromisos, vale destacar, fueron asumidos por el país sin formular ningún tipo de reserva.

A la luz de este breve paisaje normativo, y ante una eventual e hipotética  incorporación de este tipo de penas al ordenamiento jurídico argentino -lo cual, desde ya, iría en detrimento de sistema penal adoptado de la “reinserción” y la “reducación” del reo-, reputamos que tal acogida legal resultaría en sí dificultosa, puesto que, a esos efectos, sería necesario indefectiblemente llevar adelante una reforma constitucional, lo cual comportaría ciertas complejidades  (v.gr., en términos de procedimientos formales -múltiples etapas legislativas-, amplios consensos políticos, plazos prolongados, etc). 

Sin embargo, de darse tal acontecimiento normativo (reinstalación de la pena de muerte), podemos decir que ello aparejaría múltiples consecuencias para el país, como, por ejemplo, en sus “relaciones internacionales” (sanciones diplomáticas, disminución en la cooperación internacional con otros Estados y organizaciones -necesarias para afrontar los problemas de la delincuencia nacional y transnacional-), además de afectar negativamente en su imagen a nivel mundial (debilitamiento en su posicionamiento como defensora de los derechos humanos y, junto a ello, cierta pérdida de legitimidad ante foros internacionales y regionales). 

4. ¿Qué lecciones se pueden extraer de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos de pena de muerte para ayudar a informar el debate y las decisiones en Argentina?

En cuanto concierne a las contribuciones que en torno a la pena de muerte se desprenden de la línea jurisprudencial de la Corte IDH, se pueden advertir -en lo esencial- la “prohibición de su aplicabilidad para delitos comunes”, así como el “respeto de las garantías judiciales” que debe garantizarse en todo proceso que se lleve a cabo con el fin de aplicar esta tipología de pena.

De su lado, en lo tocante al primer supuesto (pena capital aplicable a los delitos comunes más graves -éstos se miden, conforme se deduce de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ponderando el bien jurídico protegido-), interesa trae a colación la sentencia de fondo “Hilaire vs. Trinidad y Tobago” (2002).  En ese precedente, cuya plataforma fáctica versa sobre la situación de 32 personas condenadas a muerte, en virtud de haber perpetrado el delito de homicidio intencional, contemplado en la Ley de Delitos contra la Persona, el Tribunal Interamericano determinó la responsabilidad internacional del Estado caribeño, en razón de que dicha normativa criminal no preveía la gravedad para la pena capital.

Igualmente replicó ese temperamento jurisdiccional en el precedente “Boyce vs. Barbados” (2007), por cuanto dicho país no reservaba la pena máxima para los delitos más graves, sino que lo hacía de manera indiscriminada para el delito de homicidio, sin tomar en cuenta las circunstancias que lo rodeaban. 

Del otro, referido al segundo presupuesto (Garantías Judiciales que se deben respetar en el marco de la aplicación de estas penas), es dable recordar -entre otros- el antecedente “Fermín Ramírez vs. República de Guatemala” (2005), en cuya oportunidad la Corte IDH atribuyó responsabilidad al Estado centroamericano, ya que el Ministerio Público Fiscal de aquel país, en el marco del proceso judicial que estaba afrontando el actor por un delito con pena de 30 a 50 años, había cambiado la calificación legal del delito por la presunta “peligrosidad criminal” de este último -encuadramiento que le acarreaba la pena máxima-, aunque -tuvo dicho el Tribunal Interamericano- sin ningún dato objetivo idóneo para probar sus alegatos. Por lo que, y con base en los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, la Corte IDH concluyó que en el sub lite se estaban conculcando las garantías propias del “debido proceso adjetivo”. 

A la luz de esta breve reseña jurisdiccional, entonces, cabe decir que aquel Estado que tuviera prevista la pena capital en su normativa local debe ceñirse a un conjunto de estrictos criterios -al igual que los preceptuados en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (v.gr.,  no se puede aplicar la pena si, al momento de cometer el delito, se era menor de edad, en casos de mujeres embarazadas, no se puede extender la pena a delitos que no la contemplaban, tampoco se puede restablecer en aquellos Estados donde se abolió, tal como se vio reflejado en la OC-14/94 de la Corte IDH, por medio de la cual se determinó la responsabilidad de la República del Perú en cuanto el país, que había abolido la pena de muerte en 1979, con el art. 140 de la reforma de la Carta Magna, la permitía nuevamente para casos de terrorismo y traición a la patria en tiempos de guerra, a través de la reforma de su Carta Magna -art. 140-).

Igualmente, bajo esa tesitura jurisdiccional, es dable resaltar que, a través de sus sentencias, la Corte IDH ha impulsado -como también lo ha hecho desde su faz consultiva (p.ej., con su OC3/83 relativa a la “Restricción a la Pena de Muerte”), más allá de su falta de vinculatoriedad- a que algunos Estados del continente, en donde aún se encuentra regulada la pena capital, hayan establecido “moratorias de facto” en sus ejecuciones (i.e., Guatemala).

En suma, a tenor de las ponderaciones efectuadas, cabe concluir que la Corte IDH ha abogado activamente por la abolición de la pena máxima en los Estados de la OEA, al tiempo de promover -vale añadir- la ratificación o la adhesión al Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tendiente a la Abolición de la Pena de Muerte.

5. Debido a la inminente escalada de inseguridad ciudadana en el país, ¿Cuáles son las alternativas a la pena de muerte que podrían garantizar la protección de la sociedad y los derechos humanos de los condenados?

Como se dejara entrever precedentemente, esta tipología de pena no resuelve -en rigor- el complejo escenario que se nos presenta ante los hechos cotidianos de inseguridad, sino que, antes bien, tal panorama exige un abordaje de forma interdisciplinaria, ello, desde ya, con un rol activo por parte del Estado. 

Habiendo dicho esto entonces y a los fines de sopesar algunas alternativas a la pena de muerte, podemos sopesar algunas de las siguientes medidas. a saber:  a) “Rehabilitación en Prisión” , de modo tal que, a través de distintos programas (de educación, capacitación vocacional, asesoramiento y tratamiento) que se lleven a cabo dentro de los establecimientos carcelarios, se afronten algunas de las causas subyacentes de la delincuencia; b) “Medidas de Seguridad Pública”, esto es,  la implementación de acciones de carácter público, como la detención preventiva, internación en hospitales psiquiátricos para personas recluidas con alteraciones mentales; c) “Justicia Restaurativa”, enfoque éste que se centra en la reparación de daños y en la reconciliación entre víctimas (incluidas a las familias, tal como lo dejara sentado, en el año 1998, la Corte IDH en el antecedente “Blake vs. Guatemala”) y delincuentes, quienes -éstos/as últimos/as- tendrían la oportunidad de hacer reparaciones a la sociedad; d) “Prevención del Delito”, medida ésta que comporta la implementación de estrategias preventivas del delito centradas en los factores que lo generan (pobreza, falta de educación, de acceso a servicios de salud mental y de apoyo social, e.o.); e) “Reforma del Sistema de Justicia Penal”, es decir, que dote a los/as magistrados/as a contar con reglas claras, con mayores herramientas, que -entre otras cosas- garanticen juicios justos, revisión de condenas erróneas y mayor transparencia, 

En consonancia con lo expuesto, y atento al primer punto esbozado (Rehabilitación en Prisión), es menester hacer especial hincapié en las condiciones de los establecimientos carcelarios. 

A ese respecto, y en línea con la citada Carta Magna argentina, cabe recordar que en su artículo 18 se establece que las cárceles sean “sanas y limpias” y -fundamentalmente- que sirvan “para seguridad y no para castigo de los reos” y, de ahí que, “toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar `más allá de lo que aquélla exija” será responsabilidad del/a juez/a a cargo de la causa. 

Más allá de esto, lo cierto es que las condiciones en las que hoy se encuentran dichos establecimientos (insanos, sucios y mortificantes) contrarían dicha previsión constitucional, a la par de hacerlo con disposiciones convencionales (v.gr., art. 10 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que estipula “Toda persona privada de la libertad será tratada con humanidad y con el respeto debido a la dignidad humana”, o, a su vez, la del artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica que prevé el derecho de toda persona -incluida los que cuentan con una pena privativa de la libertad- a que se respete su “integridad” integridad física, psíquica y moral). 

De ahí que, si lo que más nos importa cuando castigamos es que el/la criminal “cambie” o “se reforme”, para después poder “reintegrarlo/a”, tenemos que advertir que nos dirigimos a un fracaso seguro si, para lograrlo, lo/la confinamos/as a un antro de maltrato y violencia (nuestras cárceles). Todo esto, puede ser irrelevante para gran parte de la sociedad civil, pero no puede serlo para los/as funcionarios/as que tienen la obligación de aplicar el derecho.

Asimismo, en ese orden de consideraciones, y siguiendo la línea de pensamiento  del constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, consideramos que la exigencia constitucional de hacer justicia debe ser entendida con independencia del nivel de la pena (“más justicia, más pena”), pues así lo requiere todo Estado democrático –precisamente, el pasado 30 de octubre, Argentina celebró sus 40 años al retorno de la democracia-, cuyos cimientos se sustentan sobre postulados tales como  “lograr la paz” y “conocer la verdad”. Así -también nos recuerda Gargarella-, países como Colombia y Sudáfrica fueron capaces de “intercambiar” penas más bajas por “Paz” (renuncia a las armas) y amnistías por “Verdad” (información sobre el paradero de personas ya fallecidas). 

Finalmente, para culminar estas líneas, entiendo que a pesar de la natural impotencia que estos episodios como el de Morena generan en cada uno/a de nosotros/as, y más aún para las respectivas familias, no podemos arribar a la conclusión de que este tipo de condena, como lo es la pena de muerte, solucionen el complejo marco delictivo que circunscribe nuestras realidades. Para ello, y como adelantáramos, hace falta ahondar en otros factores que se interrelacionan con el amplio universo de la inseguridad, y que particularmente atañen a la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales (al trabajo, a la educación, a la salud, a participar en la vida cultural), con su consecuente repercusión con los que conciernen al ámbito civil-político (a la vida, a la familia, a la prohibición de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes) y, con ello, en uno de los valores sustanciales sobre los que se edifican los derechos fundamentales, como lo es la “dignidad de la persona humana”. Hacia ese horizonte, entonces, deberían estar dirigidas nuestras demandas, que exijan el rol activo de un Estado que, constitucional y convencionalmente, tiene la obligación de tutelar por esas metas colectivas, ya que, de lo contrario, si abogamos por condenas como la pena capital, los/as únicos/as condenados/as seremos nosotros/as como sociedad. 

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